lunes, 23 de marzo de 2015

Oscuridad en la tierra del sol


Mientras Felipe González se proclama defensor de la oposición venezolana (que, como todo el mundo sabe, es torturada diariamente a latigazo limpio en las plazas públicas de ese sufrido país), las noticias que llegan de la Madre Patria son algo desalentadoras. La hipótesis de Astroboy es que, treinta años después y en medio de la crisis terminal del neoliberalismo europeo, comienzan a estallar por las costuras los acuerdos políticos de la transición española. Si, los pactos de la Moncloa, esos acuerdos según los cuales de golpe todos eran democráticos y aquí no ha pasado nada, coño. Reproducimos cuatro notas publicadas en la última semana y media por Red Voltaire. Son noticias que duelen:


Desahucio de un país

Vallecas, Madrid. Seis de la mañana. Cincuenta policías y siete furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se presentan en el domicilio de Wilson y su familia: un matrimonio con dos niños pequeños. Uno de ellos apenas sobrepasa el mes y medio de vida. Pero ni eso, ni el frío de aquella noche de enero, ni el apoyo de los vecinos e integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pudieron evitar que los desalojaran. Su casa, una vivienda alquilada de protección oficial, había sido vendida a un fondo buitre que había triplicado las mensualidades. Y los padres, como tantos otros, se encontraban desempleados. El drama humano que supone perder el techo bajo el cual dormir se repite cada día en toda la geografía española, a pesar de que la Constitución garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, en especial a los más desfavorecidos.

Desde el comienzo de la crisis, en julio de 2008, se han registrado en España más de 400 mil ejecuciones hipotecarias, de las cuales una gran parte han acabado en desalojo. El Consejo General del Poder Judicial calcula una media de 183 diarios. Se vulneran los derechos más fundamentales por parte de los ayuntamientos de forma cada vez más sistemática. Ejemplo de ello es la brutalidad desproporcionada y el exceso de violencia con las que ejecutan estos desalojos las Fuerzas de seguridad. El caso de Wilson y su familia fue definido por la PAH como un tipo de “terrorismo social”, al ver “cómo un bebé de 1 mes y medio lloraba porque 50 antidisturbios entraban armados”. En otro de los casos, los antidisturbios reventaron con una maza la puerta de cristal de un edificio para llevar a cabo el desahucio de una mujer y sus tres hijos menores, de 5 y 7 años, y el tercero de 3 meses. Muchas veces los activistas y vecinos que acuden en ayuda de las víctimas acaban sufriendo en su propia piel estas agresiones. “Han saltado los cristales por los aires y caían sobre nosotros. Podría haber sido desastroso. Ha sido un desalojo brutal”, narra Daniel Lozano, de la Oficina de Vivienda de Madrid, quien denuncia el recrudecimiento de estas prácticas que en algunas ocasiones llegan a saldarse con heridos.

Además, con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, impedir un desalojo podrá considerarse desorden público y la multa podrá ascender hasta los 30 mil euros. Esta nueva ley que ya está en marcha provoca también casos como el de Alicia Armesto: una reportera que cubrió el desahucio de otra mujer en Tetuán y que ha sido denunciada por subir a las redes unas fotografías y un video que no parecieron gustar a la policía. En él aparece gente lesionada, la mujer desahuciada llora desconsolada y, junto a ella, un policía se ríe mientras le dice: “Tranquila, que ahí llega Podemos”.

En Madrid, la venta de miles de viviendas sociales del ayuntamiento a fondos buitre “para salvar de la quiebra” ha provocado un cambio de condiciones que los inquilinos muchas veces no pueden asumir. Las ayudas de la Comunidad apenas ascienden a 170 viviendas de las 1 mil prometidas, según recoge Cáritas, la organización no gubernamental que gestiona el plan regional, y que también asegura que muchas de ellas son inhabitables. Mientras, cientos de casas de familias desahuciadas se quedan vacías y los bancos no saben qué hacer con ellas. No pagan gastos de comunidad y no las reparan por lo que se vienen abajo, cuando hubieran podido cobrarles un alquiler módico durante un tiempo hasta que encontrasen un trabajo digno, y mientras tanto las cuidaban…

Vivimos en una dictadura impuesta por los bancos y los fondos buitres, oculta bajo una apariencia de democracia. Resguardada bajo leyes como la de Seguridad Ciudadana, la cual garantiza todo menos la seguridad, y con la que castiga a quienes tratan de ayudar a estas personas a conservar sus casas. El partido que gobierna, el Partido Popular, alardea de ética, pero mira hacia otro lado ante casos tan espeluznantes como éstos, que remueven las conciencias de muchos, pero no las suyas.


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En España, regresan las listas “negras” de “enemigos” del Estado

Hace unas semanas, las empresas que participaron en el Congreso Mundial de Móviles tuvieron que dar datos confidenciales de sus trabajadores a la policía de Cataluña, en España, “por motivos de seguridad”. La presencia de la familia real y de altos representantes de la política, así como la amenaza yihadista, parecían justificar esta medida y el aumento en un 57 por ciento del número de agentes de seguridad respecto al año anterior. Pero el despido de decenas de trabajadores días antes del Congreso despierta dudas sobre las intenciones reales de la policía y de los servicios de seguridad de la Corona a la hora de exigir datos confidenciales a las empresas.

La policía cruzó esa información con sus bases de datos para crear un nuevo listado con personas “no aptas” para trabajar en el Congreso, como se lo comunicaron a los jefes de recursos humanos de las empresas encargadas de comunicar la rescisión de contratos a algunos de sus trabajadores.

Algunos afectados consideran que sus despidos obedecen a cuestiones políticas. “No tengo antecedentes judiciales, esto es un castigo hacia gente que participamos de entornos militantes”, declaraba uno de los despedidos.

Al menos una decena de personas fueron despedidas. Algunas tenían antecedentes judiciales por ocupación de inmuebles vacíos; otras participaron en una acampada en Plaza Cataluña hace años en protesta a nivel nacional contra la llamada “casta política”. Pero también hay gente que asegura no haber sido nunca ni detenida ni identificada. Por eso surgieron las sospechas sobre el verdadero fondo de estas “listas negras”.

Los archivos de antecedentes policiales y judiciales incorporan detenciones y las condenas, aunque si alguien es absuelto con sentencia firme judicial puede exigir la eliminación de sus datos en los registros. A organizaciones como Rereguarda en Moviment y Alerta Solidària, así como la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona, les preocupa que puedan existir archivos policiales elaborados con criterios políticos o ideológicos.

Se trataría entonces de un abuso de poder para amedrentar a los opositores del gobierno en turno y daría pie a sospechas de que busca perpetuarse en el poder. Además, el derecho fundamental a la libertad de expresión está por encima de las preferencias políticas e ideológicas de las personas salvo que éstas atenten contra otros derechos humanos. Por eso algunos países han aprobado leyes que niegan el Holocausto o que incitan al odio contra grupos humanos por el color de su piel o por sus preferencias sexuales.

Si un Estado se agarra a motivos de “seguridad nacional” para impedir la protesta o la repulsa por sus políticas, se acerca de forma peligrosa a gobiernos autoritarios a los que suele criticar. En 1984, George Orwell se inspiraba en los gobiernos totalitarios de corte comunista. Quizás no llegó a intuir que las democracias occidentales caerían en la contradicción de encabezar manifestaciones a favor de la libertad de expresión tras el asesinato de unos caricaturistas para luego aprobar leyes que recortan esas mismas libertades. Algunos sectores de la derecha condenan a los gobiernos bolivarianos mientras justifican estas medidas de excepción en nombre de la seguridad, de la libertad y de la democracia occidental, como si tuvieran patente sobre estos valores.

Muchos grandes medios de comunicación se han convertido en aliados de estos gobiernos al crear un clima de paranoia en lugar de fomentar debates más sosegados sobre las verdaderas amenazas a la convivencia ciudadana.

La recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30 mil euros y condenas de cárcel por participar en disturbios o en manifestaciones no autorizadas. ¿En dónde quedó el sentido de la proporcionalidad que debe regir en cualquier ley? El gobierno español se retrata al anticipar oposición ciudadana por medidas que atentan contra derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a una educación y a una vivienda digna.

Poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un clima de agitación en Estados Unidos, decía el profesor y periodista Arthur Levin que no se puede medir el grado de libertad de un país en tiempos de tranquilidad, sino en tiempos de turbulencia. Muchas democracias occidentales han demostrado que no están a la altura debida al traicionar los valores que abanderan.


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Regresa educación pública confesional en España

Cuando llegó el Partido Socialista al gobierno de España en 2004, los elementos más conservadores del Episcopado, apoyados en grupos reaccionarios que se creen en posesión de la verdad lanzaron la campaña de que la Iglesia y los cristianos eran perseguidos. Fue injusta y falaz. De hecho, las listas puestas a disposición de los católicos en las iglesias para que firmaran contra el gobierno fueron retiradas por falta de firmantes suficientes.

La vicepresidenta del gobierno, Fernández de la Vega, declaró entonces que el gobierno quería mantener un “diálogo abierto con todo el mundo, incluida la Iglesia Católica”. Y no solamente con ella, pues España es plural y hay millones de españoles agnósticos, no creyentes o no practicantes. “Me gustaría –declaró– que me concretaran en qué se sienten perseguidos los ciudadanos de este país que profesan la religión católica, en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos fundamentales, de ejercer su religión, de llevar a sus niños a la Iglesia, de darles educación religiosa en el colegio que quieran, de poder ir a misa, de poder confirmarlos. En qué ha restringido este gobierno el ejercicio de la libertad religiosa”.

Lo que hizo el gobierno fue facilitar el ejercicio de esas creencias a sectores de la población que no comparten esa religión y que tienen idénticos derechos. Los obispos ya habían echado las gentes a las calles cuando se reconoció el derecho al divorcio, prohibido en tiempos de Franco, pero eso no significaba que la gente se tuviera que divorciar. Tampoco la reforma que supone la equiparación del matrimonio civil sin distinción del sexo impuso a nadie que se tuvieran que casar de una manera determinada, pero sí permitió poder hacerlo. Ni hablemos ya de la ley que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado.

La Constitución Española declara que el Estado no es confesional, pero respetará el ejercicio de las diversas creencias religiosas que no se opongan a las leyes. Hasta entonces sólo se hizo así con la Iglesia Católica, y el Episcopado pretendía que esa asignatura tuviera validez académica equiparable a las demás asignaturas. Por fin lo ha conseguido con la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Cuando resulta que las demás asignaturas son impartidas por profesores con unas capacidades académicas muy contrastadas mientras que los profesores de religión son nombrados por los obispos, pero pagados por el erario.

Los Acuerdos con el Vaticano preveían un plazo para que los obispos mentalizaran a los católicos de que ellos deberían sostener a sus clérigos y actividades religiosas (como en Alemania y en otros países). El Estado se brindó a recaudarles la parte de los impuestos de los católicos españoles que así lo señalaran con una cruz en la Declaración de la Renta, en lugar de destinarlo a “Otras actividades sociales”. Pues bien, de un pretendido 80 por ciento de ciudadanos católicos tan sólo un 30 por ciento, año tras año, decidieron destinar ese dinero a su Iglesia. El Estado ha ido adelantando a la Iglesia millones de euros a cuenta, pero la Iglesia se declaró incapaz de movilizar a sus pretendidos fieles. Y todos conocemos lo que ha sucedido durante estos últimos 10 años con gobiernos del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular.

¿Qué ocurre? Pues que los sueldos de obispos y curas son pagados por el Estado español, aparte de otras mil exenciones en impuestos de herencias, transmisiones, bienes inmuebles, etcétera, que el Vaticano y la Conferencia Episcopal se habían comprometido a revisar hace más de dos décadas. Y es penoso que salgan que con esos dineros sostienen la admirable labor de Caritas, similar a la de cientos de organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que el actual papa Francisco caiga en la cuenta de esta torticera interpretación del mensaje de Jesús.

La mayoría de la sociedad española respeta que la historia de las tradiciones religiosas deba ser explicada en las aulas, pero por profesores capacitados, mientras que la catequesis y el adoctrinamiento religioso debe efectuarse en las medersas coránicas, o en las sinagogas, en los templos protestantes o en las iglesias. En todo caso, fuera de los horarios lectivos de la enseñanza pública. Pero el diseño del nuevo currículo de Religión Católica en primaria, secundaria y bachillerato que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española, los contenidos son en su totalidad catequéticos. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica, como ha subrayado el profesor J J Tamayo de la Universidad Carlos III.


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España: el autoritarismo se profundiza

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero, además, las elites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero sólo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de 200 intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos 4 años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada 4 años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras, por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6 mil 600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle, en tres informes, numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y en directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, unos 70 catedráticos de derecho penal de más de 30 universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según la Oficina Europea de Estadística, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa.

Pero España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único.

La clase dirigente política europea, al servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Un claro ejemplo: ocultar los términos de la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión que se negocia en secreto con Estados Unidos. Ante las presiones de la Eurocámara para conocer esa negociación escondida, la Comisión ha autorizado a los eurodiputados a leer parte de lo negociado durante un par de horas como máximo.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras con toletes para socavar el sistema democrático. Lo hacen prescindiendo de la ciudadanía, ignorándola, violando sus derechos y reprimiéndola con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.


Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

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