Mientras Felipe
González se proclama defensor de la oposición venezolana (que, como todo el
mundo sabe, es torturada diariamente a latigazo limpio en las plazas públicas
de ese sufrido país), las noticias que llegan de la Madre Patria son algo
desalentadoras. La hipótesis de Astroboy es que, treinta años después y en
medio de la crisis terminal del neoliberalismo europeo, comienzan a estallar
por las costuras los acuerdos políticos de la transición española. Si, los
pactos de la Moncloa, esos acuerdos según los cuales de golpe todos eran
democráticos y aquí no ha pasado nada, coño. Reproducimos cuatro notas
publicadas en la última semana y media por Red Voltaire. Son noticias que duelen:
Desahucio de un
país
Vallecas, Madrid.
Seis de la mañana. Cincuenta policías y siete furgones de la Unidad de
Intervención Policial (UIP) se presentan en el domicilio de Wilson y su
familia: un matrimonio con dos niños pequeños. Uno de ellos apenas sobrepasa el
mes y medio de vida. Pero ni eso, ni el frío de aquella noche de enero, ni el
apoyo de los vecinos e integrantes de la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH) pudieron evitar que los desalojaran. Su casa, una vivienda
alquilada de protección oficial, había sido vendida a un fondo buitre que había
triplicado las mensualidades. Y los padres, como tantos otros, se encontraban
desempleados. El drama humano que supone perder el techo bajo el cual dormir se
repite cada día en toda la geografía española, a pesar de que la Constitución
garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, en especial a
los más desfavorecidos.
Desde el comienzo
de la crisis, en julio de 2008, se han registrado en España más de 400 mil
ejecuciones hipotecarias, de las cuales una gran parte han acabado en desalojo.
El Consejo General del Poder Judicial calcula una media de 183 diarios. Se
vulneran los derechos más fundamentales por parte de los ayuntamientos de forma
cada vez más sistemática. Ejemplo de ello es la brutalidad desproporcionada y
el exceso de violencia con las que ejecutan estos desalojos las Fuerzas de
seguridad. El caso de Wilson y su familia fue definido por la PAH como un tipo
de “terrorismo social”, al ver “cómo un bebé de 1 mes y medio lloraba porque 50
antidisturbios entraban armados”. En otro de los casos, los antidisturbios reventaron
con una maza la puerta de cristal de un edificio para llevar a cabo el
desahucio de una mujer y sus tres hijos menores, de 5 y 7 años, y el tercero de
3 meses. Muchas veces los activistas y vecinos que acuden en ayuda de las
víctimas acaban sufriendo en su propia piel estas agresiones. “Han saltado los
cristales por los aires y caían sobre nosotros. Podría haber sido desastroso.
Ha sido un desalojo brutal”, narra Daniel Lozano, de la Oficina de Vivienda de
Madrid, quien denuncia el recrudecimiento de estas prácticas que en algunas
ocasiones llegan a saldarse con heridos.
Además, con la
aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, impedir
un desalojo podrá considerarse desorden público y la multa podrá ascender hasta
los 30 mil euros. Esta nueva ley que ya está en marcha provoca también casos
como el de Alicia Armesto: una reportera que cubrió el desahucio de otra mujer
en Tetuán y que ha sido denunciada por subir a las redes unas fotografías y un
video que no parecieron gustar a la policía. En él aparece gente lesionada, la
mujer desahuciada llora desconsolada y, junto a ella, un policía se ríe
mientras le dice: “Tranquila, que ahí llega Podemos”.
En Madrid, la
venta de miles de viviendas sociales del ayuntamiento a fondos buitre “para
salvar de la quiebra” ha provocado un cambio de condiciones que los inquilinos
muchas veces no pueden asumir. Las ayudas de la Comunidad apenas ascienden a
170 viviendas de las 1 mil prometidas, según recoge Cáritas, la organización no
gubernamental que gestiona el plan regional, y que también asegura que muchas
de ellas son inhabitables. Mientras, cientos de casas de familias desahuciadas
se quedan vacías y los bancos no saben qué hacer con ellas. No pagan gastos de
comunidad y no las reparan por lo que se vienen abajo, cuando hubieran podido
cobrarles un alquiler módico durante un tiempo hasta que encontrasen un trabajo
digno, y mientras tanto las cuidaban…
Vivimos en una
dictadura impuesta por los bancos y los fondos buitres, oculta bajo una
apariencia de democracia. Resguardada bajo leyes como la de Seguridad
Ciudadana, la cual garantiza todo menos la seguridad, y con la que castiga a
quienes tratan de ayudar a estas personas a conservar sus casas. El partido que
gobierna, el Partido Popular, alardea de ética, pero mira hacia otro lado ante
casos tan espeluznantes como éstos, que remueven las conciencias de muchos,
pero no las suyas.
***
En España,
regresan las listas “negras” de “enemigos” del Estado
Hace unas
semanas, las empresas que participaron en el Congreso Mundial de Móviles
tuvieron que dar datos confidenciales de sus trabajadores a la policía de
Cataluña, en España, “por motivos de seguridad”. La presencia de la familia
real y de altos representantes de la política, así como la amenaza yihadista,
parecían justificar esta medida y el aumento en un 57 por ciento del número de
agentes de seguridad respecto al año anterior. Pero el despido de decenas de
trabajadores días antes del Congreso despierta dudas sobre las intenciones
reales de la policía y de los servicios de seguridad de la Corona a la hora de
exigir datos confidenciales a las empresas.
La policía cruzó
esa información con sus bases de datos para crear un nuevo listado con personas
“no aptas” para trabajar en el Congreso, como se lo comunicaron a los jefes de
recursos humanos de las empresas encargadas de comunicar la rescisión de
contratos a algunos de sus trabajadores.
Algunos afectados
consideran que sus despidos obedecen a cuestiones políticas. “No tengo antecedentes
judiciales, esto es un castigo hacia gente que participamos de entornos
militantes”, declaraba uno de los despedidos.
Al menos una
decena de personas fueron despedidas. Algunas tenían antecedentes judiciales
por ocupación de inmuebles vacíos; otras participaron en una acampada en Plaza
Cataluña hace años en protesta a nivel nacional contra la llamada “casta
política”. Pero también hay gente que asegura no haber sido nunca ni detenida
ni identificada. Por eso surgieron las sospechas sobre el verdadero fondo de
estas “listas negras”.
Los archivos de
antecedentes policiales y judiciales incorporan detenciones y las condenas,
aunque si alguien es absuelto con sentencia firme judicial puede exigir la
eliminación de sus datos en los registros. A organizaciones como Rereguarda en
Moviment y Alerta Solidària, así como la Comisión de Defensa de los Derechos de
la Persona, del Colegio de Abogados de Barcelona, les preocupa que puedan
existir archivos policiales elaborados con criterios políticos o ideológicos.
Se trataría
entonces de un abuso de poder para amedrentar a los opositores del gobierno en
turno y daría pie a sospechas de que busca perpetuarse en el poder. Además, el
derecho fundamental a la libertad de expresión está por encima de las preferencias
políticas e ideológicas de las personas salvo que éstas atenten contra otros
derechos humanos. Por eso algunos países han aprobado leyes que niegan el
Holocausto o que incitan al odio contra grupos humanos por el color de su piel
o por sus preferencias sexuales.
Si un Estado se
agarra a motivos de “seguridad nacional” para impedir la protesta o la repulsa
por sus políticas, se acerca de forma peligrosa a gobiernos autoritarios a los
que suele criticar. En 1984, George Orwell se inspiraba en los gobiernos
totalitarios de corte comunista. Quizás no llegó a intuir que las democracias
occidentales caerían en la contradicción de encabezar manifestaciones a favor
de la libertad de expresión tras el asesinato de unos caricaturistas para luego
aprobar leyes que recortan esas mismas libertades. Algunos sectores de la
derecha condenan a los gobiernos bolivarianos mientras justifican estas medidas
de excepción en nombre de la seguridad, de la libertad y de la democracia
occidental, como si tuvieran patente sobre estos valores.
Muchos grandes
medios de comunicación se han convertido en aliados de estos gobiernos al crear
un clima de paranoia en lugar de fomentar debates más sosegados sobre las
verdaderas amenazas a la convivencia ciudadana.
La recién aprobada
Ley de Seguridad Ciudadana contempla multas de hasta 30 mil euros y condenas de
cárcel por participar en disturbios o en manifestaciones no autorizadas. ¿En
dónde quedó el sentido de la proporcionalidad que debe regir en cualquier ley?
El gobierno español se retrata al anticipar oposición ciudadana por medidas que
atentan contra derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a una
educación y a una vivienda digna.
Poco después de
los atentados del 11 de septiembre de 2001, en un clima de agitación en Estados
Unidos, decía el profesor y periodista Arthur Levin que no se puede medir el
grado de libertad de un país en tiempos de tranquilidad, sino en tiempos de
turbulencia. Muchas democracias occidentales han demostrado que no están a la
altura debida al traicionar los valores que abanderan.
***
Regresa educación
pública confesional en España
Cuando llegó el
Partido Socialista al gobierno de España en 2004, los elementos más
conservadores del Episcopado, apoyados en grupos reaccionarios que se creen en
posesión de la verdad lanzaron la campaña de que la Iglesia y los cristianos
eran perseguidos. Fue injusta y falaz. De hecho, las listas puestas a
disposición de los católicos en las iglesias para que firmaran contra el
gobierno fueron retiradas por falta de firmantes suficientes.
La vicepresidenta
del gobierno, Fernández de la Vega, declaró entonces que el gobierno quería
mantener un “diálogo abierto con todo el mundo, incluida la Iglesia Católica”.
Y no solamente con ella, pues España es plural y hay millones de españoles
agnósticos, no creyentes o no practicantes. “Me gustaría –declaró– que me
concretaran en qué se sienten perseguidos los ciudadanos de este país que
profesan la religión católica, en lo que se refiere al ejercicio de sus
derechos fundamentales, de ejercer su religión, de llevar a sus niños a la
Iglesia, de darles educación religiosa en el colegio que quieran, de poder ir a
misa, de poder confirmarlos. En qué ha restringido este gobierno el ejercicio
de la libertad religiosa”.
Lo que hizo el
gobierno fue facilitar el ejercicio de esas creencias a sectores de la
población que no comparten esa religión y que tienen idénticos derechos. Los
obispos ya habían echado las gentes a las calles cuando se reconoció el derecho
al divorcio, prohibido en tiempos de Franco, pero eso no significaba que la
gente se tuviera que divorciar. Tampoco la reforma que supone la equiparación
del matrimonio civil sin distinción del sexo impuso a nadie que se tuvieran que
casar de una manera determinada, pero sí permitió poder hacerlo. Ni hablemos ya
de la ley que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo
no deseado.
La Constitución
Española declara que el Estado no es confesional, pero respetará el ejercicio
de las diversas creencias religiosas que no se opongan a las leyes. Hasta
entonces sólo se hizo así con la Iglesia Católica, y el Episcopado pretendía
que esa asignatura tuviera validez académica equiparable a las demás
asignaturas. Por fin lo ha conseguido con la actual Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa. Cuando resulta que las demás asignaturas son
impartidas por profesores con unas capacidades académicas muy contrastadas
mientras que los profesores de religión son nombrados por los obispos, pero
pagados por el erario.
Los Acuerdos con
el Vaticano preveían un plazo para que los obispos mentalizaran a los católicos
de que ellos deberían sostener a sus clérigos y actividades religiosas (como en
Alemania y en otros países). El Estado se brindó a recaudarles la parte de los
impuestos de los católicos españoles que así lo señalaran con una cruz en la
Declaración de la Renta, en lugar de destinarlo a “Otras actividades sociales”.
Pues bien, de un pretendido 80 por ciento de ciudadanos católicos tan sólo un 30
por ciento, año tras año, decidieron destinar ese dinero a su Iglesia. El
Estado ha ido adelantando a la Iglesia millones de euros a cuenta, pero la
Iglesia se declaró incapaz de movilizar a sus pretendidos fieles. Y todos
conocemos lo que ha sucedido durante estos últimos 10 años con gobiernos del
Partido Socialista Obrero Español o del Partido Popular.
¿Qué ocurre? Pues
que los sueldos de obispos y curas son pagados por el Estado español, aparte de
otras mil exenciones en impuestos de herencias, transmisiones, bienes
inmuebles, etcétera, que el Vaticano y la Conferencia Episcopal se habían
comprometido a revisar hace más de dos décadas. Y es penoso que salgan que con
esos dineros sostienen la admirable labor de Caritas, similar a la de cientos
de organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que el actual papa Francisco
caiga en la cuenta de esta torticera interpretación del mensaje de Jesús.
La mayoría de la
sociedad española respeta que la historia de las tradiciones religiosas deba
ser explicada en las aulas, pero por profesores capacitados, mientras que la
catequesis y el adoctrinamiento religioso debe efectuarse en las medersas
coránicas, o en las sinagogas, en los templos protestantes o en las iglesias.
En todo caso, fuera de los horarios lectivos de la enseñanza pública. Pero el
diseño del nuevo currículo de Religión Católica en primaria, secundaria y
bachillerato que ha elaborado la Conferencia Episcopal Española, los contenidos
son en su totalidad catequéticos. El pensamiento que se transmite es
androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica;
el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica, como ha
subrayado el profesor J J Tamayo de la Universidad Carlos III.
***
España: el
autoritarismo se profundiza
Recortan
presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda
como modo de dominio, como se comprueba con el caso de Grecia. Además vacían la
democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente
política de austeridad en la Unión Europea. Pero, además, las elites que nos
castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la
libertad. Sí, pero sólo la del capital.
En el Reino de
España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de 200 intelectuales,
artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la
persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión,
arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a
manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos 4 años, empeora.
Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de
trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga.
Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y
ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de
austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en
prisión y alguno ya está encarcelado. Como en la dictadura franquista.
Democracia es más
que votar cada 4 años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo,
también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de
modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en
el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía contra la
ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del comisario de
Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la
actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar
derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que
dependen de otras, por ejemplo. También constató la creciente criminalización
de la ciudadanía que protesta.
Sin olvidar
torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En
España ha habido desde 2004 más de 6 mil 600 casos de tortura y malos tratos
policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma
medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack,
relator especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con
torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con
detalle, en tres informes, numerosos casos de torturas en España desde 2007 y
asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los
torturadores”.
Para los más
viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y en directo,
el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.
Más aún, unos 70
catedráticos de derecho penal de más de 30 universidades públicas españolas han
publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código
Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código
así como Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Coinciden todos
en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus
derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es
ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según la
Oficina Europea de Estadística, España es uno de los países más seguros y menos
violentos de Europa.
Pero España sí es
un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único.
La clase
dirigente política europea, al servicio descarado del poder financiero, vacía
la democracia. Un claro ejemplo: ocultar los términos de la Asociación
Trasatlántica para el Comercio y la Inversión que se negocia en secreto con
Estados Unidos. Ante las presiones de la Eurocámara para conocer esa
negociación escondida, la Comisión ha autorizado a los eurodiputados a leer
parte de lo negociado durante un par de horas como máximo.
No cabe duda de
que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas
en escuadras con toletes para socavar el sistema democrático. Lo hacen
prescindiendo de la ciudadanía, ignorándola, violando sus derechos y
reprimiéndola con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque
la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.
Ese vaciado de la
democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal
chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay
democracia.
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