jueves, 13 de julio de 2017

Lula


El Partido Judicial brasileño movió ayer sus fichas en favor del establishment conservador y neoliberal de ese país. Condenaron a Luis Ignacio Lula da Silva, uno de los líderes mundiales más prestigiosos, a casi diez años de prisión (e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 19 años) por un cargo de corrupción que parece salido de Comodoro Py. Las notas que siguen son de Página/12:


Dario Pignotti


Título: A 14 meses de la elección el juez Moro condenó a Lula

Subtítulos: El ex mandatario brasileño fue acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero; sus abogados apelarán / El fiscal admitió estar falto de pruebas, pero con “convicciones” sobre la culpabilidad del líder del PT y favorito para las presidenciales.

Texto: Catorce meses y 21 días antes de las próximas elecciones presidenciales el juez de primera instancia Sergio Moro condenó a 9 años y medio de prisión, e inhabilitó por 19 años para ocupar cargos públicos, a Luiz Inácio Lula da Silva por hallarlo culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato. El ex presidente permanecerá en libertad. Según la sentencia la constructora OAS entregó al acusado un departamento  en el popular balneario Guarujá, en las costas de San Pablo, como “propina” por los contratos que esa firma obtuvo en la petrolera estatal Petrobras investigados en la causa Lava Jato. Sergio Moro, una suerte de prócer de las clases medias blancas, no sorprendió. La sentencia era esperada desde junio y su contenido era previsible: Lula era un condenado de antemano. El magistrado de la sureña Curitiba abrió el proceso contra el líder del PT el año pasado haciendo lugar a una denuncia presentada por el fiscal Deltan Dallagnol, para quien el ex mandatario se desempeñó como el “comandante” de una red de corrupción responsable de estafas que ascienden a cientos de millones de dólares.

El propio fiscal, integrante de la así llamada “Fuerza de Tareas de Curitiba”, admitió estar falto de pruebas pero pleno de “convicciones” sobre la culpabilidad del ex tornero mecánico que residió entre 2003 y 2010 en el Palacio de Alvorada, la mansión presidencial de Brasilia, y desde 2011 entonces hasta la fecha vive en el mismo departamento que había ocupado antes de ser mandatario, en San Bernardo do Campo, ubicada en el cordón industrial paulista. Una propiedad en nada parecida a las mansiones de los ex directivos de Petrobras y empresarios arrepentidos que se acogieron a la delación premiada sugerida por Moro y sus muchachos de la “Fuerza de Tareas”.

Lula permanecerá en libertad y con sus derechos políticos intactos hasta que haya una sentencia del Tribunal Regional de Porto Alegre ante el cual apelarán sus abogados Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixera.

Si los tres camaristas que integran ese tribunal de alzada ratificaran la sentencia contra el líder del Partido de los Trabajadores lo dejarán fuera de los comicios del 2 de octubre de 2018 porque la Ley de la Ficha Limpia impide ser candidato a cualquier ciudadano contra quien pese un fallo de segunda instancia.

Lula encabeza, y sus mediciones han crecido sostenidamente, todas las encuestas publicadas desde enero pasado en las que prácticamente duplicó a sus principales rivales como el militar retirado Jair Bolsonaro y la dirigente ecologista Marina Silva, ubicados en segundo y tercer lugar.  

Ayer el abogado Zanin cargó contra la “motivación política” de Moro y recomendó que “las disputas políticas sean en las urnas y no en un tribunal (..) a cargo de un magistrado que perdió eso (imparcialidad”.

“Esta condena ataca el Estado de Derecho” avanzó el abogado Zanin coautor, además, de una denuncia contra Moro en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación del derecho de defensa. A través de una guerra jurídica (“Lawfare”), como la que llevarían adelante Moro y Dallagnol, se utilizan pretextos legales para “destruir” un “enemigo político” señaló la presentación ante la ONU en la que participó el abogado australiano Goeffrey Robertson, defensor de Julian Assange.   

Ayer Zanin retomó algunos aspectos de la “Lawfare” contra Lula pero fundamentalmente subrayó la falta de pruebas contra su defendido y reiteró su cuestionamiento al uso abusivo de las delaciones premiadas como sustentación de las imputaciones.

En ese sentido Zanin mencionó al empresario arrepentido Leo Pinheiro, propietario de OAS, fue víctima de la “coacción” del juez y los fiscales para que acuse al ex presidente de haber recibido el departamento en Guarujá, que hasta hoy permanece desocupado.

El abuso de la delación premiada posiblemente será uno de los flancos sobre los que se construirá la apelación ante ante el tribunal de alzada de Porto Alegre que hace dos semanas absolvió al ex tesorero del PT, Joao Vaccari Junior, otro de los condenados por Moro, al entender que la sentencia se fundamentó casi exclusivamente en las confesiones del empresario Leo Pinheiro.

Incluso el Supremo Tribunal Federal debatió recientemente sobre los alcances limitados de las delaciones a las que se puede acudir como herramienta en la construcción de pruebas pero jamás emplearlas como el núcleo de una acusación del fiscal o una condena del juez.

Lula fue informado ayer por la tarde de la decisión judicial en su contra en el Instituto que lleva su nombre, ubicado en el centro de San Pablo, donde reaccionó con la “serenidad de quien se sabe inocente y la indignación de quien es víctima de una injusticia” declaró el dirigente petista Marcio Macedo.

“Las garras de los golpistas no lograrán rasgar la historia de un héroe del pueblo brasileño” dijo Dilma Rousseff, la presidenta derrocada hace un año por Michel Temer quien ayer era tema de debate en el Congreso donde se analizó juzgarlo por corrupción, ante las pruebas aportadas por un empresario arrepentido.

Grupos de petistas e integrantes de movimientos, en su mayoría con distintivos rojos, se concentraron en la noche de ayer para repudiar la condena de Lula frente al Museo de Arte de San Pablo a pocas cuadras de la Federación de Industrias de San Pablo, donde se dieron cita simpatizantes de Moro con banderas verde amarillas.

“Moro condenó a Lula sin pruebas, desde un primer momento convirtió a este proceso en una causa política, algo inaceptable” dijo Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo.

En sus consideraciones Moro incurre en argumentos pretenciosos como el de comparar a esta causa con el escándalo Watergate que en 1974 derribó al presidente Richard Nixon. No tuvo en cuenta diferencias importantes. Olvidó que contra el presidente republicano había harta documentación probatoria del espionaje contra su adversarios del Partido Demócrata y decenas de horas de diálogos comprometedores grabados en la propia Casa Blanca. Nada parecido ocurre contra Lula a quien se le imputa ser dueño de un departamento que, según reconoce la propia acusación, él nunca ocupó y cuya propiedad es de la empresa OAS, según registros oficiales.

Más aún: Moro y el afiebrado fisca Dallagnol (joven evangélico que parece confundir a Lula con Satanás) parten de la hipótesis de que el líder petista es el capo de una mafia formada por empresarios de la construcción y ejecutivos de Petrobras, algo que no se compadece ni con las evidencias del caso.

La semana pasada uno de los ex directivos de Petrobras, que ocupaba un lugar secundario en el esquema, devolvió 80 millones de reales depositados en bancos de Montecarlo y otros paraísos fiscales. Mientras tanto, luego de tres años de investigaciones la Fiscalía de Curitiba, apoyada por investigadores suizos y norteamericanos, no halló una cuenta de Lula en el exterior y el departamento de Guarujá está valuado en menos de 4 millones de reales. Puesto de otro modo: el supuesto “capo” Lula recibía nada frente a lo cobrado por sus imaginarios cómplices.

El caso es que Moro fue beatificado por las derechas, social y política, y respaldado por la cadena Globo que desde años se ha dedicado a la fabricación de personajes capaces de antagonizar con Lula. Fernando Collor de Mello, vencedor en el ballotage de diciembre de 1989, fue la primera criatura construida por esa empresa líder en la producción de telenovelas y noticias.

Después de la condena de ayer posiblemente vendrán otros fallos de Moro contra Lula que podrán desgastar, o no, su imagen así como su favoritismo de cara a los comicios del 2 de octubre del año próximo. El embate judicial mediático continuará.

Y como parte de esta “guerra” para pulverizar a Lula, una empresa productora, que tendría el apoyo de Globo, lanzará en setiembre una película sobre el operativo Lava Jato en la que Moro será uno de los personajes.


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Martin Granovsky


Título: La condena es parte de la Contrarreforma

Texto: El juez Sergio Moro no solo condenó a Lula. Dejó al político más popular de la historia brasileña cerca de la inhabilitación política cuando faltan solo 15 meses para las elecciones presidenciales. Ahora todas las miradas se posan en los camaristas. Si mantienen la condena, Lula no podrá ser candidato en octubre de 2018 y Brasil podría seguir en manos de un gobierno que represente la constelación de poder formada por los bancos transnacionales, los grandes grupos nacionales de la industria y las finanzas, los oligopolios mediáticos, una parte decisiva del Poder Judicial y las aristocracias políticas estaduales con representación parlamentaria.

Con su sentencia contra Luiz Inácio Lula da Silva, Moro contestó el dilema que se planteaban los dirigentes del Partido de los Trabajadores en los últimos meses. Unos decían: “Si Lula sigue creciendo en popularidad será cada vez más difícil que un juez lo condene, más aun cuando no hay pruebas suficientes contra él”. Otros reponían: “Incluso sin otras pruebas que simples palabras Moro lo condenará justamente porque Lula viene creciendo en las encuestas. Si el juez no falla contra él, ¿qué sentido habrá tenido el golpe contra Dilma Rousseff dado por el establishment brasileño?”. El segundo planteo demostró ser el más aproximado a la realidad.

Tras un año de oscuridad frente a los sectores populares la figura de Lula recuperó buena parte de su imagen positiva. La última encuesta fue difundida el 26 de junio por Datafolha, que pertenece a un grupo empresario antipetista con cabeza en el diario Folha de Sao Paulo. Si las elecciones fuesen ahora Lula ganaría la primera vuelta con el 30 por ciento frente al 16 por ciento del ultraderechista Jair Bolsonaro y el 15 por ciento de Marina Silva, la carta de Jaime Durán Barba para Brasil. Si Lula no fuera candidato, Marina vencería a Bolsonaro.

Según el mismo sondeo, Lula le ganaría en segunda vuelta a Geraldo Alckmin, del conservador Partido de la Socialdemocracia Brasileña, a Joao Doria del mismo partido (el millonario que hoy está al frente de la intendencia de San Pablo), y a Bolsonaro. En cambio empataría con Marina Silva en un 40 por ciento.

El sistema de ballottage en Brasil es el clásico. Hay segunda vuelta salvo que en el primer turno el candidato obtenga el 50 por ciento de los sufragios más un voto. Lula dos veces y Dilma otras dos ganaron en las dos vueltas en 2002, 2006, 2010 y 2014.

Obviamente esta medición no tomó en cuenta la condena de Lula a manos de Moro. Si Lula no ve menguadas las intenciones de voto, la expectativa del PT sobre los camaristas de Porto Alegre tiene en cuenta tres escenarios y se esperanzan con un antecedente. El peor escenario es que confirmen la sentencia de Moro antes de octubre de 2018 e invaliden de ese modo los derechos políticos de Lula. El segundo escenario es que no se pronuncien y dejen a Lula bajo sospecha pero con derechos políticos. El mejor escenario es que den vuelta el fallo de primera instancia. La esperanza del PT tiene un antecedente con nombre y apellido: Joao Vaccari. Se trata del tesorero del partido que fue absuelto por este mismo tribunal federal con sede en Porto Alegre que debe resolver la suerte cívica de Lula. El defensor Luis Flavio Borges en la causa abierta contra Vaccari  –fue acusado por supuesta participación en el esquema de coimas de Petrobrás– felicitó a los camaristas porque “la acusación y la sentencia se habían basado solo en la palabra de un delator”. Moro había condenado a Vaccari a 15 años de prisión.

La condena de Moro contra Lula se produce justo al día siguiente de que el Senado dio la media sanción que faltaba a una ley de reforma laboral que liquida el poder de negociación de los sindicatos, destruye los convenios colectivos, inventa una figura de empleo intermitente y, a contramano del mundo, sube la cantidad de horas de trabajo. El presidente de facto Michel Temer impulsó la ley regresiva a pesar de que tiene solo el 7 por ciento de popularidad y está acusado por coimas. Nadie apostaría ni una caipirinha por su continuidad en el cargo. Si cayera, de todos modos, sería reemplazado por un político designado por los dos tercios del Congreso hasta completar el período, que se cumple el 31 de diciembre de 2018.

Con o sin Temer, el ataque contra la protección laboral y la sentencia contra Lula son parte del mismo golpe: impedir que el PT renazca, ya que hoy solo cuenta con el ex presidente como candidato viable, y consolidar en el tiempo lo que el ex asesor de Lula y Dilma llama “la Contrarreforma”. O sea la vuelta de Brasil a los tiempos de la esclavocracia.


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Juan Manuel Karg 


Título: Una condena política

Texto: Es difícil leer de otra manera el fallo del juez Sergio Moro más que como una condena política, que busca un cimbronazo (más) en un país que desde hace tres años vive de sobresaltos institucionales, en medio de una severa crisis económico-social. ¿Cómo caracterizar de otro modo a una condena a 9 años de prisión para quien encabeza todas las encuestas presidenciales conocidas rumbo al 2018? Es una condena política, con todas las letras, por un departamento del cual no hay prueba alguna (firma, contrato, mudanza, etc) que demuestre que sea del ex presidente, tal como quedó demostrado en la audiencia, meses atrás.

Quien condena al histórico dirigente sindical es el pirotécnico y mediático juez Moro, quien aparece en decenas de fotografías sonriendo junto a Aécio Neves -seriamente implicado en la causa Lava Jato- y al tambaleante Michel Temer, quien en estos días pudiera ser reemplazado por Rodrigo Maia. Muy lejos de la equidistancia política bajo la cual la mass media regional intenta situar a Moro, es un juez cuyo objetivo final ha quedado claro: que Lula no compita (o lo haga seriamente condicionado) en las elecciones presidenciales de 2018. La campaña de la derecha -la misma que le hizo el golpe a Rousseff- tendrá ahora un seguro slogan en caso que el pernambucano decida igualmente competir: “¿Cómo votar a alguien ya condenado?”.

Sin embargo, la historia latinoamericana muestra que la estrategia de la derecha brasileña es bien riesgosa, pudiendo volverse un boomerang. Lula no solo encabeza las encuestas de intención de voto rumbo al año próximo, sino que los sondeos lo muestran como el ex presidente vivo mejor valorado de la historia de su país. Gobernó en un período de bonanza económica y redistribuyó. ¿Alcanzará esta condena en primera instancia para bajar sus indíces de popularidad, o podrá esto ser visto como una arbitraria decisión de aquellos que ya efectuaron un golpe a la democracia brasileña durante 2016? Las próximas semanas dirán. Lula, que sobrevivió a cuatro décadas de asedio del grupo Globo, piensa sobrevivir al juez Moro.

Brasil aparenta ser un experimento de la derecha regional en varios sentidos. Primero porque encabeza un profundo ajuste luego de una década de ampliación de derechos: Temer recortó la inversión social, principalmente en salud y educación, por las próximas dos décadas y acaba de aprobar en el Senado una reforma laboral profundamente regresiva. Pero además porque la persecución a Lula puede mostrar un espejo en el cual mirarse Argentina y Paraguay, donde Cristina Fernández de Kirchner y Fernando Lugo, respectivamente, aún mantienen una pujante actividad político-electoral.

La condena a Lula, además de ser política, parece ser un mensaje del establishment al conjunto de los líderes populares de la región que, aún con las corporaciones mediáticas, judiciales y financieras en contra, siguen encabezando las encuestas. ¿Estaremos ingresando en la fase de un “Plan Cóndor judicial”, tal como afirmó recientemente Eugenio Raúl Zaffaroni? ¿Hasta dónde se animarán la derecha brasileña y latinoamericana en este intento de “restauración conservadora” que vive el continente? ¿Se vienen nuevas “condenas políticas” en el Cono Sur? Las preguntas están sobre la mesa. Mientras tanto, la defensa del ex presidente brasileño apelará la medida y recurrirá al tribunal de segunda instancia, que ahora tendrá sobre sus espaldas el peso de definir si ratifica o absuelve. 

2 comentarios:

  1. Es gracioso ver cómo los críticos burlones de las teorías conspirativas ahora reconocen la conspiración de los poderes judiciales latinoamericanos.

    Desde la teoría hay que ver lo del juez brasileño, el partido judicial acá, etc., como políticas de las oligarquías globalistas para neutralizar los peligros potenciales que perciben (Lula, Cristina).

    Ellos tienen la posibilidad de combinar sus recursos para establecer sus oficinas dentro de los poderes judiciales de los países como elementos de sus estrategias.

    Eso lo hacen conforme a un modelo (italia) con apoyo de cía o fbi según el caso y abundantes recursos financieros.

    Generalmente (caso Nisman, por ej) el financiamiento se hace por medio de empresas creadas al efecto por los servicios de inteligencia de USA.

    Esto es una ofensiva oligárquica globalista en toda la línea, lo que significa que carece de nacionalidad. Los personajes locales que intervienen pueden ser venezolanos, brasileños o argentinos, pero eso es anecdótico. Lo importante es que son cosas pergeñadas y bajadas a las localidades desde instancias globales (imperio)

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  2. "Falto de pruebas y pleno de conviccones" Parece un juzgado de familia feminista.

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