La nota que sigue, de Eduardo Molina para el diario argentino La Izquierda Diario, interpreta el triunfo del "No" en el plebiscito colombiano de ayer desde una perspectiva crítica de todo el proceso de paz. Por izquierda, claro.
Título: Triunfo del No detona crisis política en Colombia
Epígrafe: El rechazo al acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC provocó una seria crisis política y una coyuntura compleja políticamente y poco previsible. Aquí, realizamos un primer análisis del terremoto político.
Texto: Se impuso por un muy estrecho margen el rechazo a los términos del Acuerdo final firmado hace días por el gobierno de Juan Manuel Santos y la cúpula de las FARC.
La derrota es un duro golpe político para el presidente que va más allá del cuestionamiento al Acuerdo. De hecho, su gobierno queda severamente debilitado. Paralelamente, el ex presidente Uribe, cabeza de la oposición derechista, emerge fortalecido y se convierte en el inevitable interlocutor, sino árbitro, de una renegociación. Por otra parte, es una derrota política también para las FARC y los sectores de izquierda jugados al Acuerdo y que habían aceptado la propuesta de plebiscito de Santos.
En distintas notas hemos venido siguiendo el proceso de “paz”. Aquí abordaremos algunos elementos para un primer análisis del terremoto político que el inesperado resultado implica.
El NO en las urnas
Sólo un tercio del padrón electoral votó en un país donde la tradición de abstencionismo electoral refleja los estrechos límites de este régimen de “democracia para ricos”. La leve ventaja del No (50,2 % de los votos contra 49,8 % afirmativos), apenas 53.000 votos sobre un total de casi 13 millones de sufragios, expresó la enorme polarización social y política en el país, que aparece virtualmente dividido al medio entre ambos polos.
El triunfo urbano del NO podría reflejar una mayor movilización conservadora de las capas medias, sobre todos en las ciudades y en regiones tradicionalmente votantes del uribismo, como Antioquía (su capital es Medellín) o en Casanare, mientras que el predominio del SÍ en muchas áreas rurales se apoyaría en sectores campesinos y populares más directamente afectados por el conflicto armado.
El rechazo refleja también el viraje político a derecha que viene avanzando en Latinoamérica, al compás del descalabro de los proyectos progresistas y nacionalistas, con la asunción del gobierno de Macri en Argentina, el golpe institucional que encumbró a Temer en Brasil y la profundización de la crisis venezolana, donde aumenta la presión del imperialismo y la derecha regional para imponer una “transición poschavista”.
En ese marco, también sufre un traspié el gobierno de Obama, que apostaba a lograr con la “pacificación de Colombia” uno de los escasos logros en política exterior que podría entregar a su reemplazante en la Casa Blanca. Si bien el giro a derecha latinoamericano confirma la recuperación de influencia estadounidense en la región, su doctrina general de política exterior de “centro” combinando negociación y presión, incluso militar, se enfrenta en Colombia con un nuevo e inesperado dolor de cabeza que aunque pueda ser remontado, se suma a los empantanamientos y fracasos políticos en Medio Oriente y otras partes del globo que viene cosechando Washington.
El triunfo del NO demuestra además que las divisiones en las alturas, con su dinámica propia, pueden terminar en efectos negativos para lo que esperan los sectores dirigentes. Perdiendo percepción respecto de los humores y tendencias que influyen en el conjunto social, el “error de cálculo” de Santos se volvió en su contra como un boomerang... salvando las diferencias, una suerte de “efecto brexit” tropical.
Santos convirtió el proceso de “paz” en la clave de sus planes políticos. Sellado el Acuerdo final, no estaba obligado a recurrir al expediente plebiscitario, pues le era jurídicamente suficiente lograr el aval del Congreso y la Corte Constitucional. Sin embargo, en medio de crecientes dificultades económicas y enfrentando una fuerte baja en su popularidad, buscó en ese mecanismo la forma no sólo de legitimar el Acuerdo, sino de revalidar el conjunto de su política y asestar un golpe categórico al uribismo. Con esto se puso en riesgo, pues redoblaba la apuesta sin medir bien la situación. El plebiscito -un mecanismo bonapartista- fue una maniobra para recuperar fuerza política y avanzar en sus planes de conjunto que le salió mal.
Santos no tuvo en cuenta que tras cuatro años de tortuosas negociaciones, la expectativa en el proceso de “paz” había ido decayendo mientras el tenaz rechazo uribista ganaba audiencia. Tampoco midió el descrédito de su propio gobierno ni el descontento con la situación económica y social.
Pesó el odio a la guerrilla que Santos mismo, como Uribe y el conjunto del mundo político burgués y la prensa fue sembrando machaconamente en estos años, haciendo a las FARC culpables de la violencia de más de medio siglo con sus terribles secuelas, cuando en verdad la responsabilidad histórica recae primordialmente en el Estado, sus fuerzas militares, sus “auxiliares” paramilitares y los cárteles del narcotráfico. A eso ayudó la política de años de la propia guerrilla, con sus métodos alejados de las necesidades y experiencia del movimiento obrero y de masas, cuando no acciones reaccionarias e inhumanas como los secuestros de la “pesca milagrosa”, las represalias contra la población civil, incluyendo masacres de poblados, y otras que hicieron poco creíble su conversión pacifista.
Todo esos rechazos fueron cosechado por la oposición uribista con la “escoba” del NO. Así, la jugada de Santos terminó estallándole en la cara. No fueron suficientes para evitarlo ni el amplio apoyo imperialista y de sectores decisivos de la clase dominante, ni la colaboración del progresismo (como el Polo Democrático Alternativo) la izquierda reformista (el PC colombiano, Marcha Patriótica y otras fuerzas) y las direcciones de sindicatos y movimientos sociales que se cargaron al hombro la campaña por el SÍ.
Una seria crisis política y la búsqueda de un nuevo pacto
El fracaso en el plebiscito, caso para el cual el gobierno había confesado no tener “Plan B”, causó un terremoto político que afecta al régimen en su conjunto. Sobre el filo de los resultados, tanto desde el gobierno, como desde la oposición y las FARC adelantaron declaraciones conciliadoras.
Santos ratificó que el cese de hostilidades bilateral seguirá vigente y que seguirá "buscando la paz hasta el último minuto" de su mandato. Convocó "a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que hoy se manifestaron por el ’No’, para abrir espacios de diálogo". Ya en la mañana de hoy lunes, el senador uribista Everth Bustamente, declaró que el rechazo "debería ser interpretado por el Gobierno y las FARC como la necesidad de un replanteamiento de varios puntos de la negociación", mientras que el ex vicepresidente Francisco Santos precisó que "el acuerdo lo podemos mejorar entre todos, hoy Colombia les dice a las FARC que queremos que este acuerdo continúe y le vamos a dar todas las garantías".
Por su parte, Timoshenko, principal comandante guerrillero reafirmó que “Las FARC mantienen su voluntad de paz y mantendremos únicamente el uso de la palabra como su medio de construcción", reiterando "Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros, la paz triunfará".
Ya el lunes se preparaban los primeros contactos entre el uribismo y el gobierno en busca de un “pacto político” que permita reencauzar el proceso. La “Embajada”, es decir el imperialismo norteamericano, la ONU y los “gobiernos amigos” (comenzando por los de la Unión Europea y Cuba que fueron mediadores de las negociaciones) se moverán también.
Uribe, que subrayó que “queremos aportar a un gran pacto nacional”, adelanta sus pretensiones para modificar el Acuerdo: que las sanciones a los jefes de las FARC incluyan cárcel; que no puedan ser electos; que los bienes y recursos de la guerrilla paguen los costos de la reparación y reconstrucción; entre otros.
En este marco, cualquier renegociación implica modificar a derecha los términos acordados con las FARC, recortando o anulando varias de las garantías de la “justicia transicional” o las modalidades de desarme, reintegración a la vida civil y participación política como partido legal que se habían firmado. Los comandantes guerrilleros se verán ante la presión para hacer más concesiones como precio para reflotar el Acuerdo y deberán convencer a sus bases de aceptarlas. Esta es una de las principales razones que posiblemente compliquen la resolución de la crisis.
De hecho, están en cuestión los ritmos y pautas para la puesta en marcha de la fase de concentración, desarme y desmovilización de la guerrilla para la cual aceleraban preparativos la ONU, el gobierno y las Fuerzas Armadas de una parte, y las FARC de otra.
Los objetivos profundos del plan burgués para la “paz”
Uribe y Santos comparten el objetivo central de los diálogos de “paz” desde el punto de vista burgués: obtener la “rendición negociada” de la guerrilla y acabar. Chocan alrededor de los términos a imponer para la misma. Mientras Santos optó por una fórmula más “de centro”, potable para la conducción de las FARC, Uribe, apoyándose en un ala burguesa y terrateniente ferozmente anticomunista y que teme verse perjudicada, opina que las concesiones a la guerrilla son excesivas y que es posible apretar mucho más para profundizar esa rendición negociada y dejar más claro quién ganó la guerra.
A fin de cuentas, las necesidades políticas propias de ambos son contradictorias pero los objetivos estratégicos son convergentes entre las dos alas burguesas que representan. Para empezar, comparten el programa neoliberal y la defensa de las “conquistas” burguesas y terratenientes acumuladas en largos años de guerra interna a costa del pueblo, algo que el Acuerdo Final en verdad no amenazaba.
El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos aportó durante la pasada década y media cerca de 10 mil millones de dólares en asistencia económica y militar, siendo decisivo en el fortalecimiento del Estado colombiano y la potenciación de sus Fuerzas Armadas hasta acorralar a la guerrilla. La cúpula política y militar del país y el imperialismo asumieron que no era posible erradicar a las FARC sólo por medios militares, era necesaria una salida política, es decir negociada. La guerra llevada adelante con generosa ayuda imperialista creó las condiciones para la negociación en La Habana. Ahora, rebautizado como "Paz Colombia," ese plan continúa y se ampliará a unos US$ 500 millones en 2017, lo que da idea de la importancia que tiene para Washington la consolidación de Colombia como uno de sus principales agentes económicos, políticos y militares en al región.
Los sectores claves de la burguesía y el imperialismo que apoyan el plan de Santos juzgan esta vía el mejor modo de consolidar y lavar la cara del orden de dominación política mediante una “reconciliación nacional” que cierre las profundas grietas de medio siglo de extrema violencia social y política; con ello, abrir los territorios hasta ahora bajo control guerrillero a la inversión nacional y extranjera en minería, petróleo, ganadería y agroindustrias; y finalmente, proyectar a Colombia como actor regional con más peso en los asuntos continentales.
Un impasse que deja en suspenso y sujeto a rediscusión el Acuerdo
De todas formas, la situación colombiana ha entrado en una coyuntura compleja políticamente y poco previsible, aunque la variante menos probable por ahora parece ser una reanudación de los combates. Indudablemente, en los próximos días abundarán las novedades a seguir atentamente en medio de la incertidumbre que este impasse provoca. También será ocasión de discutir el balance del apoyo político al “proceso de paz” y su plebiscito, otorgados por la mayor parte de la izquierda, así como las alternativas desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, los campesinos, los afrodescendientes y pueblos originarios de Colombia.
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